No caer en la nueva trampa gatopardista del poder silencioso
1. El poder real quiere cambiar la forma sin que cambie el problema
1.1. Escenarios, actores y políticas
Luego de las elecciones del 7 de septiembre de 2025 el Gobierno de Milei se encuentra en una situación distinta a la que tuvo, y con la que se benefició, desde su asunción. Fundamentalmente, por la complacencia, respecto de su accionar de fondo y de forma, por parte de quienes ejercen el poder real (un poder silencioso) en Argentina.
Ahora, ve erosionada y debilitada su lógica de funcionamiento, la cual como expresamos precedentemente, venía siendo sostenida por “los ya no tan propios”; a saber:
a) Grandes grupos económicos de incidencia en Argentina, como principales factores del poder real.
b) Un núcleo duro del 30% de una sociedad profundamente en crisis que, optó por la temeridad evidenciada por Milei, sin mayores valoraciones en cuanto a las consecuencias que esto tendría en la vida económica social y política de nuestro país;
c) Los demás votantes —fundamentalmente del pro y radicales— que acompañaron a los anteriores en la segunda vuelta por reacción a gobiernos anteriores y por suponer que ese proyecto los contemplaría e integraría sin dañarlos.
d) Una alianza parlamentaria que, como supuesta oposición, en la práctica, actuó como colaboracionista facilitando las profundas y dramáticas transformaciones en perjuicio de las mayorías, cuyas consecuencias hoy estamos y seguiremos padeciendo.
e) Medios de comunicación afines y/o que no formulaban observaciones de fondo y menos críticas respecto de las medidas, sus formas, o los fines con que se llevaba a cabo el proceso y que, pese a todo, se siguen llevando adelante por el Gobierno de Milei.
Por su parte, las políticas de desmantelamiento y debilitamiento de los deberes y responsabilidades que el Estado nacional tiene en cabeza (en función de la normativa vigente han ido teniendo cierto impacto en la pérdida de credibilidad y respaldo al actual gobierno nacional.
A lo anterior, se agrega la pérdida de poder adquisitivo, el escenario cada vez más recesivo y la desarticulación estructural del funcionamiento del país. Asimismo, las denuncias de corrupción que afectan al funcionamiento y financiamiento de la agencia nacional de discapacidad han impactado directamente en el núcleo formal de toma de decisiones de este gobierno.
La ausencia de una respuesta gubernamental clara y contundente, respecto de las denuncias de fraude a la administración pública, así como la solicitud del accionar judicial para imponer censura previa y evitar la difusión de audios que podrían involucrar a la hermana del presidente y a otras importantes figuras que accionan en este gobierno, convergieron en una crisis que, también entendemos, se vio reflejada en el resultado electoral del 7 de septiembre próximo pasado.
En las referidas elecciones, el peronismo concurrió unido; atenuando y encausando divisiones internas.
En todo este contexto, la estrategia del gobernador Kiciloff se convalidó, amén del relevante accionar de los intendentes, lo cual no es no es un factor que se pueda pasar por alto.
1.2. ¿Cuáles son las respuestas desde el poder real frente a estos escenarios?
Empezamos a escuchar o leer en distintos medios, explicaciones y esbozos de respuestas, así como difusas y simplificadoras propuestas frente a esta situación. Ante esto, queremos remarcar y dejar en claro que no debemos permitir que nos engañen, pero tampoco debemos engañarnos nosotros mismos adoptando las lecturas básicas, lineales y sesgadas que se nos presentan y, seguramente, se nos seguirán presentando.
Todo podría redundar en un equívoco diagnóstico de lo que está ocurriendo y, consecuentemente, en la adopción de decisiones estratégicas equivocadas. Peor aún, en una inacción a la espera que los acontecimientos se desarrollen por sí solos. Esto, en un sentido que, supuestamente, permitiría avanzar hacia el encauzamiento de estas problemáticas de forma casi espontánea.
Adelantamos que no creemos en ninguna teoría de la espontaneidad, y menos en la actual coyuntura argentina —y global—. Concretamente, nos referimos y queremos visibilizar las estrategias de confusión y dilución de cuestiones de fondo y sus consecuencias, en cuanto a las políticas públicas llevadas adelante por este gobierno.
Las políticas de Milei no son sino parte de la instrumentalización de un modelo de país formulado para un proyecto político de subordinación, dependencia y colonialidad para la Argentina. Son impulsadas, por la acción de grupos económicos concentrados locales y, fundamentalmente, transnacionales. También por la incidencia de países que vienen tratando de imponer en nuestra región una lógica de subordinación en función de sus excluyentes intereses geopolíticos.
Nos proponemos visibilizar las maniobras y premisas, articuladas o no, que se generan desde el poder real para distraer el debate de fondo que, consideramos, debería ocuparnos en este momento. Nos referimos, concretamente, a la imprescindible dilucidación del modelo de desarrollo más adecuado para contribuir a la consolidación de un proyecto de país; más aún, a un proyecto de Nación.
Todo, en vista de sortear la subordinación y dependencia a poderes ajenos que buscan afectar la posibilidad de decisiones soberanas, cada vez que queremos hacer valer los intereses que fortalezcan a nuestra Nación y beneficien la calidad de vida de su pueblo.
1.3. No nos dejemos engañar ni nos engañemos
Desde el Grupo OND, sostenemos la imperiosa necesidad de llevar adelante un modelo de desarrollo industrial que redunde en trabajo de calidad; es decir un modelo de industrialización con justicia social para un proyecto de Nación.
Aclaramos esto puesto que, apreciamos construcciones discursivas que, pretenden demostrar —y engañar— en cuanto a que el problema actual estaría solo en las “formas” con las que el gobierno de Milei lleva adelante sus políticas y no en las políticas en sí mismas, con sus nefastas consecuencias laborales, económicas y sociales.
En efecto, debemos hacer visible y comprensible que los factores de poder que se vienen beneficiando con el accionar del actual gobierno, y con el de anteriores gobiernos, en desmedro de la calidad de vida de quienes habitamos Argentina, ahora se esmeran en generar, apenas, algunos cambios de forma, no de fondo. Pretenden, en términos gatopardistas, que parezca que es factible un cambio profundo —o al menos algo—, para que no cambie nada de las desastrosas estrategias estructurales que los enriquecen cada vez más en desmedro de nuestro pueblo.
Este estilo gatopartidista se evidencia al presente. Lo hace tanto en los rumores como en las manifestaciones tendientes a “cuestionar y modificar” el accionar de este gobierno. Así las cosas, no se deja de:
a) reivindicar la brutalidad de su ajuste fiscal;
b) consentir la dependencia que genera el endeudamiento con el FMI; que ha continuado Milei, a partir de lo iniciado por el Gobierno de Macri;
c) justificar la mayoría de las políticas de ajuste (fundamentalmente verificadas en la sanción de la denominada Ley Bases y el Rigi);
d) orientarse a tolerar, admitir, avalar y promover medidas iguales a las de este mismo gobierno que afectan al pueblo, los intereses y el patrimonio nacional.
Desde una lógica de continuidad edulcorada para con los ajustes llevados a cabo por este régimen conservador-liberal-libertario, pareciera que, algunos integrantes o representantes del poder real han descubierto los malos modos de Milei “hace 15 minutos”; o, más precisamente, cuando comenzaron a conocerse los resultados electorales de la provincia de Buenos Aires.
No alcanzamos a advertir esto en su magnitud… basten de hecho las declaraciones de empresarios sobre el riesgo país…
En línea con lo expuesto, se viene planteando una etérea y diluida necesidad de cambio de rumbo, casi apenas, débilmente expresada; en cuanto a las expresividades del gobierno.
Respecto de todo esto, estamos convencidos que lo único que se pretende es cambiar la máscara de un modelo de país que, cada vez, nos lleva a un mayor deterioro de nuestras condiciones de vida y de trabajo y a una terminal pérdida de decisiones independientes e identidad autónoma como Nación.
Las críticas al modelo de Milei —y de muchos otros ocultos tras la actual y deteriorada máscara— busca diluir el necesario y verdadero debate por un proyecto de Nación; lo expurga con él, en él y junto a sus cómplices. Todo, en función de intereses que difícilmente sean visibles para el común de quienes habitan en Argentina.
La corrupción como flagelo y la corrupción como excusa reaccionaria-regresiva
2.1. Una necesaria lucha contra la corrupción, también contra las falacias que habilita
En línea con lo expresado en el punto precedente, la invocación de la corrupción puede ser —y es también— estrategia de poder (constructiva y destructiva).
Estamos convencidos que, en el caso del actual gobierno, la corrupción vuelve a ser funcional a sectores del poder real para una necesidad de ajustes y transformaciones en función de sus intereses. Contribuye una vez más, a desatender un debate pendiente, relevante y de fondo; a desvincular y desafectar a las reales estructuras de poder de responsabilidad respecto de lo que ocurre, desdibujando su efectiva incidencia subyacente.
Así, paradójicamente, hoy la corrupción golpea a quienes suelen valerse de ella para estigmatizar y debilitar a otros tipos de gobiernos, cuando éstos intentan llevar adelante transformaciones contra el status quo imperante, afectando al denominado establishment o a un ahora denominado círculo rojo.
Frente a esto, no podemos sino evidenciar que, se está haciendo lo mismo que referíamos antes, pero en este caso, contra un gobierno “propio” que está dejando de dar los resultados esperados a las difusamente denominadas “fuerzas del mercado”.
Estas últimas, en realidad representan una convergencia de intereses privados en sintonía con intereses políticos extranjerizantes. Y para peor, en un especialmente complejo escenario de crisis internacional que, por ahora, prioritariamente, es de guerra comercial.
2.2. ¿Qué hacer frente a “las” corrupciones?
Por todo ello, queremos reiterar que, la corrupción —y la lucha contra ella— debe ser analizada también en los diversos niveles de su funcionalidad instrumental.
A menudo, favorece proyectos y estrategias, más allá de buscar o querer poner fin a los abusos por parte de ciertos actores o protagonistas. Concretamente, lo sintetizamos en la pregunta en torno a: ¿quiénes la esgrimen y para qué?
Sostenemos que la corrupción como flagelo debe ser, inexorablemente, limitada a sus mínimas expresiones. Sin embargo, con esto apenas nos referimos a ella en un primer, o genérico nivel.
Sin desmedro de lo anterior, colegimos que el argumento que invoca permanentemente “la corrupción del otro”, paradójicamente es otra forma de corrupción. En especial, del tejido social, a partir de la sospecha y la estigmatización permanente-. Este sería, a nuestro entender, un segundo nivel de corrupción que, entendemos, es tan grave —o quizás más— que el anterior.
Así, la corrupción puede ser sistemáticamente utilizada como excusa y trampa reaccionaria-regresiva ante cualquier intento de transformación. Y por ello, debe ser visualizada, tanto en el origen de su instrumentalización, como en sus instrumentalizadores.
Debe superarse entonces, el temor a no ser políticamente correctos por formular estas argumentaciones. Es menester evidenciar, los verdaderos objetivos del poder real, las tácticas o estrategias de los sectores concentrados y excluyentes en materia social. Puesto que, sin fundamento, pero con adecuados mecanismos de propaganda, logran afectar y limitar potenciales transformaciones en beneficio de las mayorías, solo para maximizar el suyo propio.
Este mecanismo es, en la práctica, similar a esa genérica y corrosiva, invocación del populismo. Con esta última, también se trataría de una mera estigmatización reaccionaria ante cualquier intento de favorecimiento a sectores populares.
El caso ANDIS como réplica que deja en evidencia a quienes impulsan la corrupción como táctica estigmatizadora
El escenario generado por el caso ANDIS, no puede quedarse ni en un caso más de corrupción ni, solamente, como evidencia de la supuesta y generalizada decadencia de la clase política argentina.
Más allá de este caso, si hablamos de decadencia de la clase política, primero hay que definir a quiénes alcanzaría el concepto de clase política. Luego, recordar quienes interactúan con ella, como actores y/o factores de poder.
Por su parte, no podemos olvidar a quienes eligen a esa clase política; cómo se comporta la sociedad, en términos generales, respecto de incumplimientos o actos de corrupción.
Es frecuente que, al hablar de corrupción se ponga foco en los agentes estatales, pero se deje de lado a los actores del sector privado, más específicamente, al empresariado.
Concretamente, nos referimos a empresarios que participarían en la corrupción otorgando y facilitando el pago de coimas, en función de la obtención y maximización de sus ganancias. Ganancias que parecerían desconocerse intencionalmente al momento de señalar a todos quienes se encontrarían involucrados en este tipo de actividades.
De esta forma, poniendo un foco —sesgado— en críticas a políticos partidarios, organizaciones sindicales y trabajadores del sector público, se logran diversos objetivos a la vez:
a) En lo instrumental, se los presenta como los únicos responsables de esta problemática y demás falencias.
b) En lo discursivo y conceptual, como partícipes sistémicos y excluyentes de una corrupción que, paradójicamente, “debe” ser superada mediante la intervención de actores privados —¿externos? —.
c) Se parte de, y se consolida entonces, un preconcepto en cuanto a que estos últimos no van a cometer actos de corrupción, abusos, o buscar la maximización de sus ganancias. Por el contrario, es verificable en notorios casos de corrupción empresarial, y en diversos países, que lo han hecho casi a cualquier precio.
En materia de resultados, se proyecta una sociedad que, en la práctica, no tendría posibilidades de cambios. Más aún, estos estarían circunscriptos a lo privado (limitando y deslegitimando a actores sociales transformadores).
Con todo este actuar, se favorecen los procederes reaccionarios-regresivos, el inmovilismo, y el accionar y consolidación de quienes detentan poder real; especialmente, por encima de las configuraciones institucionales vigentes.
La estigmatización mediante la corrupción “funciona”, se acredite o no. Entonces la pregunta a formular es ¿a quién sirve?
Es necesario recordar si esta corrupción ha comenzado en el presente, o en realidad es un proceso que, más allá de las diferencias de niveles que se puedan detectar, tiene una continuidad en el tiempo, y más allá de las administraciones.
También sería pertinente la relevancia e incidencia en las distintas gestiones, dilucidando el signo de sus políticas públicas, sus efectos y su vinculación con otras acciones gubernamentales; por ejemplo, el recorte de derechos a los discapacitados.
En línea con lo anterior, deviene dramático —o patético— que, ahora, son quienes pontifican sobre la lucha contra la corrupción de la que denominan “la casta política”, señalando solo a sus oponentes como corruptos, los que quedarían involucrados en situaciones más aberrantes que las que suelen atribuir (siendo verdad o no), a la otredad política.
En tal contexto, queremos destacar que, muchos dirigentes de partidos políticos que han hecho de la corrupción una bandera y que señalan a la corrupción solamente en su adversario político, podrían estar involucrados en casos de corrupción, a lo que se agregaría, en el caso ANDIS, la afectación de colectivos de particular vulnerabilidad.
En este último caso, habría llamativas continuidades históricas de integrantes de distintas gestiones y con distintas responsabilidades; más allá del remanido señalamiento de la corrupción, habitual y casi exclusivamente, en la gestión de gobiernos de origen popular (se corrobore luego o no, la ocurrencia en estos de hechos de corrupción).
Esto nos hace recordar, al decir de Norberto Bobbio, que el fascismo —y otras formas de autoritarismo, agregamos nosotros— se valen de la corrupción cuando no tienen otros argumentos prevalentes para desarticular políticas que no son de su agrado y llevar adelante las que sí quieren implementar; en general, en beneficio de minorías.
Más aún, y paradójicamente, ahora también se lo aplican a un gobierno “propio” (debilitado, en lo que al presente nos ocupa), para sostener políticas regresivas, precarizadoras y deslaboralizadoras, en el marco que impulsan para un modelo de país dependiente y colonizado.
Asimismo, los gobiernos en los que se puede verificar la hegemonía del capital concentrado —tal el caso del de Milei—, no suelen ser objeto de críticas, tanto por una condescendencia antipopular y fantasías meritocráticas, como por un efectivo poder en términos de influencia, sea en medios de comunicación, judiciales (lawfare), u otros mecanismos de coacción.
Sin desmedro de lo anterior, ahora vemos que no ocurriría mientras no fuera necesario para el poder real, y hasta tanto cumplan los designios y objetivos previstos por este.
Concluyendo: si esto no es nuevo ¿qué podemos empezar a hacer?
Por todo lo expuesto, consideramos que, el denominado Movimiento Nacional debe lleva adelante políticas y acciones de visibilización para superar la trampa que lo tiene como presa, cada vez que se propone llevar adelante transformaciones y reconfiguraciones institucionales en beneficio de sectores desprotegidos vulnerablizados por las estrategias de poder y mayorías populares.
Y no nos referimos solo a pobres e indigentes, sino a todos aquellos que, llegado el momento, pueden perder todo (también el caso de los sectores medios) por las políticas implementadas por gobiernos como el actual.
Ser, o creerse clase media, no habilita para avalar o acompañar desastres como los que está llevando adelante el gobierno de Milei. Debería internalizarse que la corrupción ha servido para que, fundamentalmente ella, acompañe transformaciones regresivas y reaccionarias como la que nos flagelan al presente.
Los sectores medios no deberían perder el sentido de pertenencia a un movimiento nacional y popular; más aún, no olvidar que son parte de un pueblo y de una comunidad. Tampoco los dirigentes de este movimiento, priorizarla, cuando actúa así, por sobre y contra los sectores trabajadores y vulnerados.
El camino al que aspiramos desde el Grupo OND, es la integración entre los diversos sectores, particularmente bajos y medios afectados por estas políticas, para frenar el expolio, articulando un modelo de industrialización con justicia social para consolidar un proyecto de Nación que nos integre.
De no ser así, probablemente, una condescendencia generalizada nos seguirá devorando, más o menos rápido, como pueblo y como Nación.
*Abogado, docente universitario, miembro del Grupo Ofensiva Nacional Democrática.
- Creado el .
- Visto: 77
