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Sombrío escenario socio-económico-laboral para nuestra Argentina

La gestión de Javier Milei durante el 2024 ha delineado un panorama sombrío para las estructura productivas del país. Las políticas de desregulación, la drástica reducción de las dependencias organizativas estatales y la falta de protección del empleo registrado han tenido consecuencias devastadoras para el mundo del trabajo.

Los resultados no solo evidencian un escenario de deterioro continuo en el mediano y largo plazo sino que anticipan una crisis.

La destrucción del empleo registrado en el sector privado superó los 123.000 puestos durante el primer año de gestión, una pérdida que refleja la incapacidad de este modelo económico para sostener la generación de trabajo formal y de calidad.

El sector de la construcción, históricamente vinculado a la dinamización de la economía, fue particularmente afectado con más de 69.000 empleos eliminados, lo que pone en evidencia los efectos de la paralización de la obra pública y la falta de inversiones productivas.

La industria manufacturera también sufrió un fuerte retroceso, con una pérdida superior a 25.000 puestos, un golpe que debilita uno de los pilares de la economía nacional, exponiendo al país a una mayor dependencia de productos importados.

La precarización del trabajo ha sido otro factor alarmante. La reforma laboral promovida con la Ley Bases consolidó un marco de flexibilización que erosiona los derechos de las y los trabajadores, alentando la contratación bajo modalidades y figuras que eluden aportes y garantías fundamentales.
 
La expansión del monotributo, que creció en número pero no en calidad, simboliza la tendencia hacia formas de empleo precarias que condenan a millones de trabajadores a la incertidumbre económica y social.

A esto se suma la pérdida de más de 19.000 puestos de trabajo del personal de casas particulares (domésticas), y más de 43.000 en el sector público.

En el plano salarial, el deterioro es igualmente alarmante. Aunque las cifras nominales indican una leve recuperación, en términos reales, el poder adquisitivo de los trabajadores continúa cayendo.

La inflación descontrolada, más allá de los festejos sobreactuados, ha llevado a que tanto el promedio como la media salarial se encuentren por debajo de los niveles de hace un año.

Este estancamiento, combinado con el aumento exponencial de los costos de servicios esenciales para las familias y las empresas, reducen drásticamente la capacidad de consumo y socava las bases del crecimiento económico.

El impacto territorial de estas políticas es y será cada vez más desolador.

Las provincias menos desarrolladas han experimentado una caída sostenida del empleo registrado, profundizando las desigualdades regionales y condenando a vastas zonas del país a la marginalidad económica.
Formosa, con una pérdida superior al 10% del empleo privado, es sólo un ejemplo de cómo estas medidas han afectado desproporcionadamente a las jurisdicciones más vulnerables.

El balance del primer año de gobierno de Javier Milei deja un escenario negativo para las y los trabajadores en Argentina. La destrucción de empleo, la precarización laboral y el debilitamiento de los sectores productivos dibujan un panorama donde la inequidad, la inseguridad económica, y la exclusión, son y serán protagonistas.

De continuar estas tendencias -conforme el gobierno continua haciendo, y para ello, propone otra reforma laboral más- el país enfrentará una crisis socio-económico-laboral de magnitudes dramáticas, con consecuencias devastadoras para el desarrollo industrial y el bienestar del pueblo.

Las políticas implementadas vienen a desmantelar las bases mismas de la estabilidad laboral, dejando a la sociedad ante un futuro de creciente pobreza, desigualdad y marginalidad.

Durante todo el año pasado, desde OND, advertimos que las principales víctimas de este modelo económico serían la producción y el trabajo. Lamentablemente, no nos equivocamos.

Tampoco nos equivocamos en insistir que, la salida será con un proyecto alternativo de
Industrialización con Justicia Social.
 
En un contexto en el que el régimen conservador-liberal-libertario prioriza -por sobre el bienestar general de la población-, el libre mercado, la primarización, la especulación financiera, y el extraccionismo de nuestras riquezas; ratificamos un modelo de industrialización con la justicia social.

Y ante este sombrío escenario socio-económico-laboral, ratificamos como síntesis de nuestros objetivos:

  1. Desarrollo industrial con trabajo digno, como elemento de integración de la sociedad.
  2. Innovación tecnológica, para contribuir a mejorar la productividad y competitividad de empresas y trabajo argentino.
  3. Sostenibilidad de la producción, fortalecimiento del mercado interno, y protección de los recursos y el medio ambiente; como responsabilidades sociales para el bienestar general.
  4. Reducción de la desigualdad para la integración económica, social y cultural; mediante la complementariedad del crecimiento, y la redistribución del ingreso y la riqueza.


Estamos convencidos de un proyecto alternativo frente al actual régimen conservador-liberal-libertario.

Impulsamos otro proyecto de país.

Un proyecto de Nación: industrialización con justicia social.

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