En el año 1974 fue sancionada la Ley de Contrato de Trabajo que congregó en un cuerpo de 301 artículos los derechos de los trabajadores, abrevando en la jurisprudencia y doctrina más progresista, en base a un anteproyecto elaborado por el laboralista marplatense, Norberto Centeno.

Esa ley, festejada por los trabajadores como una merecida conquista, sólo tuvo un año y medio de vigencia. No había transcurrido un mes del golpe militar de 1976, cuando la dictadura decidió mutilarla. A través de la regla estatal 21.297 derogó 25 de sus artículos y modificó en perjuicio de los trabajadores otros 98.

La reforma surgida de la decisión de un general, un almirante y un brigadier (contando con la apoyatura técnica de abogados del sector empresario) pretendió eliminar hasta el espíritu de la legislación laboral, derogando su artículo 19 que decía “Las desigualdades que creará esta ley a favor de una de las partes, sólo se entenderán como formas de compensar otras que de por sí se dan en la relación”.

A la par de suprimir y acotar derechos de los trabajadores, incrementó los poderes patronales, eliminó controles a éstos, y limitó la responsabilidad solidaria de empresas principales y de grupos económicos.

Derogó el derecho constitucional de huelga y luego lo convirtió en un delito de derecho penal; prohibió la actividad sindical y la negociación colectiva, y dispuso la intervención de los sindicatos y de sus obras sociales.

La conculcación de derechos laborales no fue sólo en interés de los militares que fueron el brazo armado del genocidio, sino también de sus cómplices civiles, ideólogos y “beneficiarios”.

Las persecuciones y secuestros de obreros en las fábricas de las empresas que abrieron sus portones a los largos brazos de la dictadura ya sea “marcando” trabajadores, insertando infiltrados en sus planteles o, directamente, asentando en su interior instalaciones a disposición de la represión, denotan claramente la complicidad civil con la dictadura.

Casos como los de Acindar, Yelmo, Alpargatas, la Hidrófila, La Cantábrica, Propulsora Siderúrgica, Terrabusi, Ford, Molinos, entre otros, lo demuestran.

La democracia posee una deuda ética y republicana con los trabajadores: el restablecimiento de los derechos conculcados, la averiguación de la verdad y el juzgamiento de sus responsables.

El gobierno de Raúl Alfonsín restableció los derechos colectivos (sindicatos, convenios colectivos, huelga y obras sociales) -pero nada restableció en materia de derechos individuales- y abrió las puertas -que luego entornó- para el juzgamiento a los genocidas.

La tercera década infame (1989-2001) no solo no restableció derecho alguno de los conculcados y cerró los caminos al juzgamiento de los responsables de la dictadura, sino que inspirada en sus mismos lineamientos de política económica y social, profundizó la degradación de derechos de los asalariados.

La reconstrucción de los derechos y la verdad comenzó en mayo de 2003 con las políticas implementadas por el ex presidente Néstor Kirchner, continuadas y profundizadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Numerosas leyes sancionadas en este período restablecieron derechos y devolvieron dignidad a los trabajadores. Se reabrieron el debate y juzgamiento no solo de los responsables militares sino también de sus cómplices civiles.

La política del gobierno de modelo productivo con inclusión social reintegró pertenencia a la sociedad; los trabajadores son actores protagónicos y ya no la parte más delgada por donde se corta el hilo para beneficio de los poderosos.

Queda camino por recorrer, a no dudarlo; pero el sentido de últimos ocho años marca claramente la dirección en que continuará: hacia más democracia, hacia más derechos, hacia más equidad, hacia más Justicia Social.