El Gral. Martín Antonio Balza publicó el 20 de mayo pasado una nota de opinión que tituló “En Malvinas no hubo crímenes de guerra”

Para analizar sus dichos, y justificar el título de esta nota, me veo obligado a contar algunos antecedentes sobre las acciones que se realizaron en la postguerra, para investigar los hechos que tan rotundamente niega el retirado militar.

Breves antecedentes

En 1992 el ex cabo paracaidista británico Vincent Bramley, participante de las tropas que volvieron a invadir nuestras Islas Malvinas en 1982, publicó el libro “Excursión al infierno”, donde denunció que muchos de sus colegas cometieron actos criminales contra prisioneros de guerra argentinos.

No era la primera vez que los británicos denunciaban a sus propios compatriotas. Durante la guerra misma, y apenas finalizada ésta, un grupo nutrido de ciudadanos ingleses constituyeron el “Belgrano Action Group” bajo el liderazgo del Diputado laborista Tam Dylell, acusando de criminal de guerra a la primer ministra Margaret Thatcher por la decisión de hundir al Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano”, por razones puramente políticas y sin justificación militar alguna.

Publicaron varios libros demostrando que la orden emanada por el gabinete de guerra de Thatcher, se basó en objetivos de supervivencia política, que el Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano” no suponía ninguna amenaza inminente para la flota británica, y que el verdadero objetivo era producir una escalada que hiciera imposible una solución pacífica, quebrando los principios de NECESIDAD y PROPORCIONALIDAD del uso de la fuerza, contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977. Promovieron una interpelación parlamentaria a la primer ministro, que la Thatcher y sus cómplices supieron bloquear.

Como consecuencia del libro de Bramley, estalló un escándalo en el Reino Unido de Gran Bretaña, tanto en el ámbito militar, como en el político, obligando a la Fiscalía General de la Corona a abrir una investigación. Ni lerdos ni perezosos, los británicos aprovecharon a reafirmar su ilegítima ocupación de nuestros territorios, encomendando la instrucción a Scotland Yard (policía inglesa), cuya delegación, encabezada por el Inspector Alec Peter Edwards, viajó a Puerto Argentino, primero, y a Buenos Aires, después, con el argumento de tomar testimonios.

En 1993, el Consulado británico en Buenos Aires solicitó la cooperación de la Cancillería argentina, a cargo por ese entonces de Guido Di Tella, quien le encomendó a la Dirección de Asuntos Jurídicos colaborar en la convocatoria de una lista de personas, elaborada por el gobierno colonialista.

Esa convocatoria quedó en ridículo, cuando se incluyó entre los convocados a testimoniar, a muchísimas personas que nada podían aportar a la investigación, como legisladores nacionales, periodistas, académicos, y se excluyó a soldados que sí habían sufrido en sus propios cuerpos los crímenes británicos, o habían sido testigos de esos hechos. El súmmum de la farsa se reveló con la convocatoria a testimoniar al “Coronel Conde”, un oficial argentino que combatió a las órdenes del General San Martín en la guerra por la Independencia, fallecido en 1821, y en cuyo honor se bautizó el Regimiento de Infantería Mecanizado 7 consede en La Plata.

Por ese entonces, la inmensa mayoría de las organizaciones representativas de los ex soldados combatientes en Malvinas nos nucleábamos en la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, quienes al enterarnos de la supuesta investigación, solicitamos al gobierno argentino que se establecieran mecanismos de reciprocidad, permitiendo a la Policía Federal Argentina viajar a las Islas y tomar testimonios, creando a su vez un organismo propio para la investigación, toda vez que resultaba inconcebible que el país cuyos ciudadanos estaban acusados de criminales iniciara una investigación, y el país cuyos ciudadanos habían sido damnificados por esos crímenes, no realizara ninguna.

Scotland Yard, enterada que la Federación de Veteranos de Guerra manifestaba desconfianza sobre la investigación, solicitó una audiencia con sus directivos, a quienes invitó a la sede de su Embajada en Buenos Aires. Rechazamos la invitación, y les dijimos que si estaban interesados, podían venir a nuestra sede, ubicada en ese entonces en la calle Piedras 930, de la Capital Federal.

En dicha charla, surgió con total evidencia que los británicos se proponían realizar una gigantesca maniobra de propaganda, simulando realizar una investigación sobre los crímenes de guerra por ellos perpetrados. Ante el pedido de queentrevistaran a personas que sabíamos que habían sido damnificadas por actos criminales, nos respondieron que su único objeto de investigación eran los crímenes denunciados por Vincent Bramley en su libro. Como no lograban avanzar en convencernos de colaborar en su fachada de investigación, hastallegaron a ofrecernos la gestión de subsidios a favor de nuestra entidad, que rechazamos.

La reunión, que los británicos pretendían secreta tomó estado público, dándonos la oportunidad de expresar el punto de vista de los soldados argentinos, y significando un importante evento para consolidar el funcionamiento de la Comisión Investigadora en el Ministerio de Defensa de la Nación, que se materializó a través de la Resolución N° 220/93.

Análisis de las opiniones –y actos- del General Martín Balza

Ahora sí creemos estar en condiciones de analizar en su contexto y en forma documentada, las opiniones volcadas por el Gral. (R) Balza en su nota de opinión titulada “En Malvinas no hubo crímenes de guerra”. Y, en lo posible, tratar de desentrañar sus motivaciones.

Para reforzar su afirmación, Balza repite en el subtítulo:

“En el conflicto armado en el Atlántico Sur, argentinos y británicos respetaron el derecho internacional humanitario. Se peleó sin odio y con notable respeto por la dignidad del oponente, la población civil y los prisioneros de guerra”.

La misma afirmación, palabra más, palabra menos, realizó Balza cuando ejercía la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército, en el momento en que se iniciaba la convocatoria a brindar testimonios ante la Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra del Ministerio de Defensa.

 Al tratarse de una institución rígidamente vertical, las afirmaciones del Jefe del Ejército llevaban implícitas la orden a sus subordinados (oficiales y suboficiales en actividad o en retiro) de no brindar testimonio ante la Comisión Investigadora, porque ello supondría contradecir a su Jefe. Un acto de desobediencia plausible de castigo, aunque éste no se explicitase en forma directa por ese motivo.

De hecho, tan claro fue el acatamiento a la “orden indirecta” impartida por el General Balza a sus subordinados, que sólo un oficial retirado del Ejército Argentino, el ex Subteniente Leonardo Durán (herido al comandar un pelotón argentino que fue obligado compulsivamente a realizar tareas peligrosas) y dos ex suboficiales retirados, los ex cabos José Oscar Carrizo (a quien le dispararon en la cabeza luego de rendirse) y Gustavo Pedemonte (testigo de ese hecho) concurrieron a brindar testimonio, mientras que por la Armada Argentina, concurrió solitariamente el Capitán (R) Horacio Bicain, ex comandante del Submarino A.R.A. “Santa Fe” (quien testimonió el homicidio de su subordinado, el Suboficial Primero Félix Oscar Artuso).

 Ningún otro militar osó desafiar la definición del Gral. Martín Balza, por lo que la declaración del Jefe del Ejército, en ese contexto, bien puede entenderse como un acto de obstrucción a la Justicia.
 Sabedores de ello, desde la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, le remitimos una Carta Documento en su carácter de Jefe del Ejército, para que ratificara o rectificara sus dichos, a la que nunca respondió formalmente, pero concedió una audiencia a los directivos de la Federación, en la residencia que el JEMGE disponía en la localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires.

En la reunión concedida, el entonces Presidente de la Federación, Luis Ibáñez, le explicó al General Balza que sus dichos complicaban el proceso de investigación, entregándole una copia de las Actas de protesta suscripta por varios oficiales de las tres Fuerzas Armadas, luego de la explosión producida en la localidad de Pradera del Ganso, con el resultado de varios soldados fallecidos y otros heridos de distinta gravedad, que formó parte de los Anexos del Informe Oficial del Ejército Argentino sobre el Conflicto bélico del Atlántico Sur, editado en 1983.  

 El General Balza quiso argumentar que sus declaraciones consistían en que él, como Jefe del Grupo de Artillería Aerotransportada N° 3 en la Isla Soledad, no había visto ningún acto cometido por las tropas británicas que pudiera ser caracterizado como un crimen de guerra, a lo que se le respondió que en el momento de sus declaraciones era Jefe del Ejército y que no podía contradecir los documentos existentes de su propia Institución, que daban cuenta de uno de los crímenes cometidos. Finalmente, el Gral. Balza se comprometió a formular una declaración pública –que efectivamente hizo unos días después-, en el sentido que “el hecho que él no presenció ningún crimen de guerra de los británicos, no suponía afirmar que no se hubieran cometido”.

Acta suscripta a mano por 5 oficiales de las FF.AA. dejando constancia de los muertos y heridos por explosión ocurrida en Pradera del Ganso, luego de las tareas peligrosas realizadas por prisioneros de guerra argentinos (Informe Oficial del Ejército)

          Portada del Informe Oficial del E.A              Detalle en el Informe Oficial sobre el

          (1983, 2 tomos)                                                          Acta labrada por el crimen de guerra

                                                                                                    británico en Pradera del Ganso

No obstante, el daño provocado al proceso de investigación de los crímenes de guerra británicos, era irreversible. Pero no se contentó con ello; luego del encuentro con el General Jeremy Moore (2 de noviembre de 1996), Balza declaró que “el enfrentamiento entre argentinos y británicos fue una guerra entre caballeros”. Tres años después, luego del último desfile patrio que lo tendría como Jefe del Ejército (25 de mayo de 1999), volvería declarar: “Quiero destacar especialmente que Malvinas fue una guerra sin odio, que ambos adversarios respetamos la Convención de Ginebra y la dignidad del combatiente”.

Volviendo a sus recientes declaraciones, Balza apeló al principio de autoridad que detenta el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), quien habría calificado al conflicto armado entre Argentina y Gran Bretaña “como el único en que ambos bandos respetaron el Derecho Internacional Humanitario”.

En el Informe editado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre “La Protección de las Víctimas delConflicto Armado de las Islas Falkland-Malvinas (1982)”, firmado por Sylvie-Stoyanka Junod, se afirma:

“Desde 1949, es el primer caso en que se aplica, a gran escala, el II Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar. Las dos Partes, es decir, el Reino Unido y Argentina, invocaron los Convenios de Ginebra, a la letra, y sobre puntos precisos, y demostraron gran preocupación por evitar sufrimientos inútiles”.

En ningún momento se establecen comparaciones entre situaciones armadas precedentes y la guerra de Malvinas, como las que establece Balza, ni se pronuncian sentencias definitivas como las que él pretende.

En el acápite 3.2. referido a “El trabajo de los prisioneros de guerra” del citado Informe del CICR, se describe así el hecho criminal ocurrido en Pradera del Ganso:

“Visitando a estos prisioneros, el CICR se cercioró de que efectuaban ese trabajo de señalamiento sin obligación alguna. Sin embargo, cuando ocurrió un accidente debido al peligro de estas operaciones, los británicos renunciaron a que colaborasen los prisioneros de guerra argentinos”.

Y en el acápite 3.5 que se refiere a “Los prisioneros, muertos o heridos en incidentes”, el mismo informe dio cuenta que:

“Tras los dos incidentes, en los que resultaron muertos 5 prisioneros de guerra argentinos durante su cautiverio y un tercer incidente en el que resultó herido un prisionero de guerra argentino, las autoridades británicas efectuaron investigaciones y redactaron informes que remitieron, por mediación del CICR, al Gobierno argentino, de conformidad con lo estipulado en el artículo 121 del III Convenio antes mencionado”.

Vale decir, que el CICR dio cuenta de un hecho que las partes, y el propio organismo internacional, consideraron (por lo menos), como dudoso en el cumplimiento de las Convenciones que conforman el corpus del Derecho Internacional Humanitario. Mucho más que lo que reconoce el ex Jefe del Ejército Argentino en tiempos de Menem.Otras de las afirmaciones del General Martín Balza, que constituyen una mentira flagrante, es la que sigue: “En Malvinas, no existió ninguna denuncia sobre la comisión de actos de tal naturaleza”.

Esto ya lo hemos refutado con la descripción de su actitud ante la Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra en el Ministerio de Defensa, constituida al momento en que se desempeñaba como Jefe del Ejército. Tampoco puede desconocer las conclusiones emitidas por el Auditor General de las Fuerzas Armadas, Brigadier General Eugenio Miari sobre los testimonios ofrecidos ante dicha Comisión Investigadora, en cuyo Dictamen se caracterizaron como violaciones al Derecho Internacional Humanitario, los siguientes actos cometidos por las tropas británicas, en perjuicio de prisioneros de guerra argentinos:

1. Intento de homicidio contra el Cabo Carrizo, José Oscar
2. Homicidio del Suboficial Primero Félix Oscar Artuso
3. Tareas peligrosas de prisioneros, de manera compulsiva, en cuyo transcurso murieron en Pradera del Ganso, tres soldados argentinos, y uno ultimado por disparos en vez de recibir asistencia sanitaria y varios otros soldados heridos de diversa gravedad. También se describe las heridas graves sufridas por el Cabo 1° Néstor Rubén Cattay en Puerto Argentino, obligado a delimitar un campo minado.
4. Homicidios de prisioneros de guerra argentinos, denunciados por Vincent Bramley en su libro “Excursión al infierno” y otros posteriores.

Fojas del Dictamen del Auditor General de las FF.AA., Brig, Gral. Eugenio Miari sobre la Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra Británicos (1994)

Tanto por sus responsabilidades pasadas, como por su desempeño como actual integrante del Consejo Asesor sobre las Políticas de Malvinas (al que ingresó con el sólo acuerdo del Secretario de Asuntos de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus), el Gral. Martín Balza no debería desconocer la existencia de la Ley 24.517, del año 1995, que estableció la creación de una nueva Comisión Nacional Investigadora de Crímenes de Guerra, integrada por los tres poderes del Estado Nacional, que nunca se puso en funcionamiento, justamente, por actitudes como las sostenidas por el Gral. Balza.

¿Acaso es admisible que el Gral. Martín Balza, desconozca las siguientes denuncias presentadas para investigar los crímenes de guerra británicos?:

• El estudio de abogados Castañeira y Asociados en representación de  doscientos familiares de caídos en el Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano”, desestimada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, promovida en el año 1986.
• El del legislador Pedro Alejandro Montiel, ante el Juzgado Federal de Ushuaia, desestimada también por la C.S.J.N., por el crimen de guerra del Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano” (1997).
• El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Tierra del Fuego, ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la Dra. Lilian Herráez de Andino, en base a la investigación promovida por la Federación de Veteranos de Guerra y los hechos criminales comprobados en el Dictamen del Auditor General de las Fuerzas Armadas (nunca cerrada, pero sin actividad investigativa)(1999).
• La de los abogados y auditores del Ejército Argentino, May (R) Jorge Olivera y May (R) Jorge Appiani, en representación de una madre de un caído del Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano”, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, rechazada por no respetar su reglamento (2000).
• La del CECIM La Plata, bajo la presidencia de Mario Volpe, ante el Juzgado Federal de Río Grande (2015).
• La del Dr. Roberto Oscar Gil en representación de familiares de caídos y ex tripulantes del Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano” y el ex soldado Raúl Vallejos (herido gravemente por el crimen de guerra perpetrado en Pradera del Ganso), ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 de la Capital Federal, solicitando Declaración de Certeza para derogar la cláusula tercera de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989 (denominada “cláusula de impunidad”), rechazada por recomendación de la Cancillería argentina (2016).

Finalmente, no puede ignorar el Gral. Balza que su Comandante en Jefe, Carlos Menem, declaró en 1994 que “si Eric Priebke (el criminal de las fosas ardeatinas, crímenes que cita en su nota de opinión) es extraditado, también lo debe ser Margaret Thatcher por el hundimiento del Belgrano”, ni las declaraciones de la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner que en el 30 aniversario del conflicto bélico, declaró en tres oportunidades que el hundimiento del Crucero “Gral. Belgrano” fue un crimen de guerra.

Conclusiones

Hemos demostrado que el Gral. Martín Antonio Balza, ex Jefe del Ejército Argentino, y ex embajador ante las Repúblicas de Colombia y Costa Rica, conoció la existencia de denuncias por crímenes de guerra contra las tropas británicas en el conflicto bélico de 1982. También, que siendo el titular del Ejército, hizo todo lo posible por impedir las investigaciones en curso. Y que, a lo largo de esta larga postguerra, ha sido coherente en negar los hechos criminales, es decir, en bregar por la impunidad de los mismos.

Las dos preguntas que surgen, inevitablemente, es por qué motivo vuelve a reiterar su posición en las vísperas de los cuarenta años de la guerra, y cuál es la razón de esa perseverante actitud de encubrimiento hacia los británicos. Respondiendo la segunda pregunta, surgirá claramente la respuesta de la primera.

El Gral. Martín Antonio Balza fue designado al frente del Ejército Argentino por el Presidente Carlos Menem, a principios del año 1991 luego de encabezar la represión al levantamiento militar liderado por el Cnel. Mohamed Alí Seineldín.

El gobierno menemista, como sabemos, abandonó la Tercera Posición del Gral. Juan D. Perón, adscribiendo al Consenso de Washington y lo que después se dio en llamar las “relaciones carnales”. Enajenó el patrimonio nacional, entregándoselo principalmente a capitales británicos (las más de las veces enmascarados en falsas banderas, como la española). Suscribió sucesivas “declaraciones conjuntas” con los británicos, que se conocen como “Acuerdos de Madrid”.

La primera de esas declaraciones conjuntas, firmada en Nueva York el 19 de octubre de 1989, además de reanudar las relaciones entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, en su cláusula tercera estableció que “Ambos gobiernos se comprometieron a no efectuar reclamaciones contra el otro, ni contra los ciudadanos del otro, en relación con las pérdidas o daños ocasionados por las hostilidades y por cualquier otra acción en y alrededor de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con anterioridad a 1989”.

Dicha cláusula es la herramienta que impidió que todas las iniciativas judiciales por investigar los crímenes de guerra británicos prosperasen, y la mayor claudicación ética de la clase dirigente, pre-condición para su claudicación política.

El Gral. Balza fue el Jefe del Ejército que necesitaba el plan de sometimiento de la Argentina al capitalismo anglosajón y nuestra reducción a una semicolonia proveedora de bienes naturales para su saqueo ilimitado.

Con el Gral. Balza al frente de las Fuerzas Armadas de nuestro país (¿cuántos argentinos  pueden recordar el nombre de los Jefes de las otras Fuerzas Armadas durante el gobierno menemista?), se “deconstruyó” el sistema de producción para la Defensa, se redujeron al mínimo las capacidades militares, se derogó el servicio militar obligatorio (y, con él, la participación ciudadana en la Defensa Nacional).

Se degradó hasta límites extremos la profesión militar, y se subvirtieron los objetivos estratégicos prioritarios, poniendo por delante los subsidiarios (como la participación en “Operaciones de Paz” a órdenes de las grandes potencias), y se participó en conflictos ajenos, como el apoyo brindado durante la invasión a Irak.

Es cierto que no se le puede endilgar estas decisiones al Gral. Balza, pero nada de ello hubiera sido posible sin su anuencia y complicidad.

Cuando el General Martín Balza defiende la impunidad de los crímenes de guerra británicos, está defendiendo este proyecto de sometimiento de nuestra Patria a los intereses del “Imperio Internacional del Dinero” (como lo define nuestro Papa Francisco y los Pontífices que lo precedieron).

Su actitud deshonra al pueblo de la Nación Argentina, a los caídos en la defensa de nuestras Islas Malvinas y al Ejército Argentino que comandó.

“Una tal felonía, ni el sepulcro la puede hacer desaparecer”. (Gral. José de San Martín)

*César Trejo: Ex Soldado Combatiente en Malvinas. Director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús.

Fuente: https://www.megafonunla.com.ar/notas/2021-06-01_balza-miente-y-encubre-los-crimenes-de-guerra-britanicos