En tiempos donde por estas pampas parece arreciar el modelo liberal, y suena a tambor redoblante la amenaza del tratado de libre comercio conocido como Alianza del Pacífico, y su hermano mayor (por su alcance hacia la UE, EEUU y otros países) el TTP, no viene nada mal recordar un ejemplo histórico de lo que toda economía periférica requiera para crecer.

A eso vamos.

Corría el mes de abril de 1835 y el Brigadier General Juan Manuel de Rosas asumía por segunda vez el gobierno de la provincia de Buenos Aires; en esta oportunidad con la suma de poderes.

En noviembre del mismo año la Junta de Representantes se encontraba en receso. Rosas sacando provecho de la situación hace estudiar a su ministro de hacienda; Roxas y Patrón, una nueva ley de aduana para regir en 1836, que radicalmente modificara el régimen librecambista. Haciendo uso de la suma de poderes la promulgó con su firma, refrendada por la de Roxas y Patrón. Al entrar en sesiones la Junta el 31 de diciembre, fue sometida a su aprobación, que naturalmente obtuvo.

Un doble objeto tenía la ley: la defensa de las manufacturas criollas perseguidas desde 1809 y el nacimiento de una riqueza agrícola, imposibilitada por los bajos aranceles de los granos y harinas extranjeros.

La ley prohibía la introducción de las producciones extranjeras cuyos similares criollos estaban en condiciones de satisfacer el mercado interno: tejidos de lana y algodón, algunas manufacturas de hierro, hojalata y latón, aperos para caballos, pequeñas industrias domésticas como la elaboración de velas de selvo, escobas, artículos de hueso, etc; como también las hortalizas (menos papas y garbanzos cuyo cultivo no era suficiente). Gravó con el 50 % a las papas, consideradas artículos de lujo ya que podían sustituirse con otras hortalizas; a las sillas de montar inglesas, cervezas y artículos de prescindente necesidad. Con el 35 % aquellos de producción nativa insuficiente pero que convenía estimular: carpinterías, carruajes, zapatos, ropas hechas, artículos de cuero, alimentos, vinos y sus derivados, quesos, frutas secas, etc. Con el 25 % los de producciones vernáculas. La introducción de harina estaba totalmente prohibida mientras no pasase de $ 50 la fanega. Se impuso un gravamen del 24 % al azúcar para estimular la naciente industria tucumana y correntina.

Las exportaciones se gravaron con el 4 %, no aplicado a las producciones que salían en buques del país (para estimular su construcción), salvo los cueros cuya gran demanda en Europa los hacía pasible de un gravamen del 25 % que no pesaba sobre el producto criollo. Pagaban el 10 %, como derecho al consumo, la yerba y tabaco traídos de Paraguay (considerados productos argentinos), Corrientes y Misiones; en cambio la yerba brasilera se cargaba con el 24 %, como también los sucedáneos del mate (café, te, cacao). El tabaco extranjero pagaba el prohibitivo aforo del 35%. Las demás producciones, agrícolas o artesanales nacionales no pagaban derechos, traídas en buques nacionales. Si la leña o carbón (de Santa Fe o Entre Ríos) llegaba en buque extranjero abonaba el 17%.

La ley provincial abandonaba el libre cambio y adoptaba el proteccionismo con un triple objeto:
– Quitar los recelos del interior hacia el “puerto”, consolidando la unión nacional.
– Crear una riqueza industrial y agrícola argentina, en procura de su independencia económica.
– Hacer poco vulnerable el país a un bloqueo extranjero, como ocurriría si la entrada o salida de productos por Buenos Aires, fuese el fundamento de su vida económica.

Las provincias acusaron rápidamente la benéfica política:
– Salta votó el 14 de abril de 1836 un homenaje a Rosas porque “la ley de aduana dictada en la provincia de su mando consulta muy principalmente el fomento de la industria territorial de las del interior de la República […]”
– Tucumán el 20 de abril dictó una ley análoga por haber “destruido ese erróneo sistema económico que había hundido a la República en la miseria, anonadado la agricultura y la industria con lo que ha abierto canales de prosperidad y de riqueza para todas las provincias de la Confederación y muy particularmente para la nuestra […]”

Idénticos pronunciamientos hubo en el resto de las provincias a lo largo y ancho del país.

En el mensaje del 1 de enero de 1837 el gobierno dio cuenta a la Junta de Representantes que “las modificaciones introducidas en la ley de aduana a favor de la agricultura y la industria han empezado a hacer sentir su benéfica influencia […]”

El crecimiento industrial fue considerable en tiempos del ilustre Restaurador; el censo de 1853 muestra que en Buenos Aires había 106 fábricas montadas (entre ellas la primera máquina a vapor instalada en el molino San Francisco en 1846, dos fundiciones, una fábrica de molinos de viento, otra de tafiletes, cuatro de licores, tres de cerveza, tres de pianos, dos de carruajes, una de billares) y 743 talleres. Córdoba elaboraba zapatos y tejidos y curtía pieles de cabrito con tal perfección que debieron prohibirse en Francia; Tucumán era famosa por sus trabajos de ebanistería, carretas, cultivo de algodón; mientras que la industria del azúcar contaba en 1850 con trece ingenios que abastecían el consumo del interior y en parte el de Buenos Aires; Salta hilaba algodón; Catamarca y La Rioja producían algodón, tejidos, aceites, vinos y aguardientes; en Cuyo los viñedos cubrían grandes extensiones; en el litoral, Santa Fe, principalmente ganadera, tenía plantaciones de algodón, tejedurías, maderas y construía embarcaciones en sus calafaterías de ribera, lo mismo Corrientes, que además producía tabaco y frutas cítricas; Entre Ríos, cueros curtidos y cal.

Esta somera radiografía de los resultados de la acertada política económica llevada adelante por don Juan Manuel, demuestra su clarividencia como gobernante y estadista. La Ley de Aduanas promovió el crecimiento industrial, preservó a las provincias y, lejos de disminuir el tráfico internacional, consiguió aumentarlo.
Desde el fondo de nuestra historia se yerguen ejemplos de políticas de incentivo hacia lo nacional toda vez que se ha demostrado imposible el crecimiento industrial sin la debida protección del Estado. Esperamos que nuestros gobernantes tomen nota de ello aunque daría la impresión que se encaminan por sentido contrario, hacia los tratados de libre comercio.

(*)Federico Adissi. Historiador revisionista. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador. Además es Diplomado en Antropología Cristiana (FASTA) y en Relaciones Internacionales (UAI). Publicó “San Martín, Rosas, Perón. Un homenaje a Fermín Chávez” (2008); “Estévez. Vida de un Cruzado” (2009); “Raúl Scalabrini Ortíz. Sus libros y sus enseñanzas” (2009); “Aportes al Bicentenario” (2011); “Historia de la Revista del Instituto Juan Manuel de Rosas” (2013). Es columnista en “Noticias del Congreso Nacional”. Como historiador, pensador y periodista siempre se manifestó estrechamente vinculado al Pensamiento Nacional y a la Doctrina Nacional del Justicialismo. Actualmente es el Director de Cultura de la Fundación Rucci de la Confederación General del Trabajo.